Los argumentos a favor a menudo destacan la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el sistema de justicia. El acceso público a las grabaciones judiciales podría permitir un mayor escrutinio de los procedimientos legales, lo que podría conducir a una mayor confianza pública. Además, estas grabaciones podrían servir como recursos educativos valiosos para profesionales legales, estudiantes y el público en general.
Sin embargo, existen preocupaciones con respecto a la privacidad, la seguridad nacional y el potencial de mal uso. Las grabaciones judiciales pueden contener información confidencial que, si se publica, podría dañar a las personas o comprometer las investigaciones en curso. Algunos argumentan que el acceso sin restricciones también podría conducir a las grabaciones que se sacan de contexto o utilizadas para fines maliciosos.
Muchas jurisdicciones actualmente tienen políticas que permiten el acceso público a ciertos registros judiciales al tiempo que restringen el acceso a otros. Estas políticas a menudo intentan equilibrar el derecho del público a saber con la necesidad de proteger la privacidad individual y garantizar procedimientos legales justos.